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Las restricciones en la Unión Europea implican más costos para el productor

Si bien todavía no están vigentes, las restricciones planteadas por la Unión Europea van a generar un esquema de costos para verificar el origen de los productos, que podrían incrementar los costos para el productor.

Básicamente, la Unión Europea pretende no volver a comprar productos que provengan de áreas deforestadas o con daños a la diversidad ambiental. En ese sentido, establecen como una línea base el 2020.

En el reglamento, que está para entrar en vigencia desde el próximo año, se responsabiliza a las firmas comerciales que proveen insumos a sus cadenas alimenticias. Es decir, las multinacionales deberán cerciorarse que esos productos vengan de áreas no deforestadas. “Tienen que verificar el origen de la soja u otro producto, lo que implica un esquema de costos, que finalmente va a terminar pagando el productor”, señaló César Jure, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco, señaló que la Unión Europea es un destino importante para los subproductos industriales, principalmente. Además, recordó que era un mercado importante para los granos de soja hasta el 2015. “Cuando en el 2016 se habilita la importación temporal de soja en Argentina, nuestro abanico de destinos cambió. Pero, sí, es muy importante para nuestros subproductos industriales; por lo tanto, es un destino a considerar para esos rubros”, explicó.

Leyes vigentes en Paraguay

Hugo Pastore recordó que en la región Oriental de Paraguay rige la Ley de Deforestación Cero desde el 2004. Además, mencionó el reciente informe del Instituto Forestal Nacional (Infona), en el que se demostró que los cambios de uso de suelo están vinculados a deforestaciones ilegales, donde el productor agrícola no tiene participación ni responsabilidad. “Está más relacionado a invasiones de tierra o a desmonte ilegal para plantaciones de cultivos ilegales”, señaló.

Igualmente, Paraguay cuenta con una ley vigente que permite el desarrollo de nuevas áreas en el Chaco, en el que se exige remanentes forestales superiores al 50 % de la superficie. En ese sentido, Pastore señaló que se deberá trabajar como país. “Es muy difícil imaginar que más del 60 % de la superficie de Paraguay, donde reside el 3 % de la población quede como un museo. Tenemos que plantear políticas públicas y negociaciones que permitan continuar desarrollando esta enorme extensión de nuestro territorio, que es el Chaco”.

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